Desde CNT Valladolid – Servicios Públicos denunciamos que tras el incesante goteo de titulares que los últimos años deja el Ayuntamiento de Valladolid en materia de personal hay  una realidad muy distinta en los distintos servicios municipales que sigue pendiente de solución.

 

Cualquiera que conozca la situación de los servicios municipales no habrá pasado por alto la noticia reciente que daba el Ayuntamiento sobre la creación de “una estructura de personal permanente y estable“ para el área de servicios sociales.

La Junta de Gobierno municipal aprobaba la modificación de la RPT que permite la creación de esas 26 nuevas plazas, la mayoría de Técnicos Medios de Ciencias Sociales (Trabajo social). Con este aumento el servicio de intervención social dispondrá de 39 plazas de este perfil, además de llegar a las 9 plazas de técnicos superior de educación y acción social y el resto de aumentos que se producen. Desde luego, no se puede decir que la noticia sea mala.

Pero las buenas noticias pasan y la situación permanece. La temporalidad que se ha apoderado de cientos de plazas municipales durante lustros no se acaba de solucionar, porque las plazas se crean pero luego no se llegan a cubrir de manera estable. La aprobación de la oferta pública de empleo de 2017, “la más amplia en los últimos 15 años“, sigue en la nevera esperando que se resuelva el nudo del personal temporal, funcionario interino o laboral eventual, que puebla los servicios municipales. Pero mientras tanto ya tenemos publicada “la histórica” de 2018 .

A la vista de las noticias parece que hay una constante ampliación de la plantilla del Ayuntamiento. Sin embargo, estas noticias responden a una situación grave que no acaba de solucionarse. Veamos cómo está siendo el proceso:

  • En 2016 el Ayuntamiento aprueba una primera OEP destinada a cubrir las plazas vacantes de servicios que ni se sabía que las tenían. A lo largo de 2017 estas plazas se fueron cubriendo, especialmente con las convocatorias para personal administrativo y técnicos de urbanismo, dejando pendiente de resolver la temporalidad elevada.
  • En 2017 se aprueba la OEP, “la más amplia en 15 años”. Pero un año después de esta aprobación de 167 plazas, muchas de ellas de consolidación, podemos comprobar en las convocatorias en curso del Ayuntamiento que se han desarrollado 8 de policías y 10 para bomberos. ¿Dónde están el resto de plazas? ¿y las consolidaciones?
  • Entre tanto, en junio se publicaban los concursos de méritos y traslados, que ponían de manifiesto la enorme cantidad de puestos cubiertos por personal temporal que se ponían en el punto de mira. Y sin embargo, no han salido todos los puestos cubiertos por personal temporal, como responde el Concejal en el decreto publicado el pasado 9 de noviembre desestimando las alegaciones. Al parecer, ni las plazas sujetas a consolidaciones previstas en el OEP2017 ni las que pertenecen a organismos autónomos (Consorcios, Fundaciones…) han salido en este concurso de traslados. La resolución de estos concursos ya apunta a 2019.

No acabamos de parir. Lo que debería resolver la situación de temporalidad enquistada en los servicios municipales se alarga en el tiempo sin que salgan las convocatorias y sin que, finalmente, nadie se consolide, aumentando los tiempos en que el personal ocupa plazas fijas con formas eventuales de contratación.

La temporalidad en los servicios públicos es como la temporalidad en el resto de empresas. Este tipo de relación laboral propiciada por el ayuntamiento genera, por un lado, un espacio de desigualdad intenso y, por otro, inseguridad en sus trabajadoras. Dista mucho de “garantizar la estabilidad y continuidad de los profesionales”. Nos encontramos ante una práctica empresarial tremendamente asentada que ha contagiado al empleo público y  ante un marco normativo que, en contra de la supuesta voluntad de legislar  para poner límites a esta tendencia, acaba perjudicando a las trabajadoras. O se ven en la calle o sino en figuras relativamente nuevas como el indefinido no fijo que incorpora realmente las características del contrato de interinidad.

La temporalidad se traduce en efectos perniciosos para los propios servicios:

  • El Ayuntamiento tiene una masa de personal altamente cualificado a todos los niveles y que rota, contra su voluntad, por diversos puestos de trabajo en función de las bolsas de trabajo. Al final, a quienes trabajan en la administración se les impide especializarse, optar por mejores puestos y, en definitiva, desarrollar la carrera profesional. No olvidemos que la carrera profesional es un derecho, que la temporalidad vulnera.
    Pero no solo eso: la temporalidad no se ajusta a picos de trabajo o proyectos puntuales, sino que va cubriendo los problemas creados por una deficiente planificación durante años de la gestión de personal. En consecuencia, el trabajo de los servicios se ve constantemente alterado por cambios en el personal que lo saca adelante. Las propias tareas que interinas, eventuales y demás contratadas temporales son tramitaciones cuya duración va a ser superior a la duración de su contrato, teniendo que transmitirse a otra persona en una rotación constante de trabajos por distintas manos. La ineficiencia que produce esta situación es injustificable.
  • Atrás queda la imagen del funcionario que “rinda lo que rinda” es intocable, esa mitología que agitan los esclavistas de ayer y hoy para atacar a los sectores con derechos laborales (mineros, estibadores, profesoras…cualquiera puede ser un privilegiado). Ahora nos encontramos con la figura de las empleadas públicas que “rindan lo que rindan” se van a la calle porque en la administración “esto es así” y ya vendrá otra. ¿de esto no hay nada que decir, señoros?
  • En relación con lo anterior, la temporalidad no impide que quienes ocupan puestos temporales saquen adelante sus tareas, tras el correspondiente relevo. Porque quienes trabajan en los servicios públicos son profesionales sea cual sea su oficio. Lo que sí impide la temporalidad es que estas personas se puedan implicar en el propio servicio y puedan transformarlo. La temporalidad sí que impide que esta parte de la plantilla se involucre en el funcionamiento de los servicios de los que forman parte, yendo más allá de sus tareas particulares y elevando sus compromisos: mejora de condiciones, mejora de procedimientos, mejora de las estructuras… Claro, que todo esto pueda no ser interesante para quien quiera que la administración solo se moldee desde arriba y no tenga ningún peso quién saca día a día el trabajo adelante.

Hablar sobre cómo afecta todo lo expuesto a las personas a las que van dirigidas este tipo de servicios da para otro texto. No hablaremos aquí de las interminables e indecentes listas de espera, de la acumulación y volumen de trabajo, o del proceso de privatización generalizada en todo lo público. Dentro del Ayuntamiento, la situación es especialmente grave en el área de servicios sociales.

Porque por supuesto, quien paga el pato es la vecindad que ve que cualquier trámite se alarga en el tiempo, sea una valoración de dependencia, una ayuda, una licencia, una consulta…

La Sección de Servicios Públicos de CNT Valladolid

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