El sector público se autodefine como el conjunto de organizaciones, estructuras, organismos y entes, sujetos a derecho público. Esto es, en definitiva, el conjunto de actividades que el Estado realiza para lograr sus fines. En el caso del Estado Español la administración Pública comprende a:

1. La administración general del estado

2. La administración de las CCAA

3. Las entidades de la Administración Local

4. El sector público institucional

   1. Organismos sujetos a derecho público vinculado a alguna Administración

   2. Organismos sujetos a derecho privado cuando dependan de alguna Administración

   3. Las universidades públicas

En esa clasificación y de manera jerárquica y desconcentrada se van ordenando las distintas áreas que abarca la administración. Existe abundante legislación  que detalla el funcionamiento de estas estructuras.

La importancia económica y social del sector público es indiscutible. Por dar un dato, actualmente el sector público emplea a 3.275.900 personas, según la EPA del primero trimestre de 2018. Esto supone que de los 18 millones de ocupados en el Estado Español, el 17% trabaja directamente para alguna de las administraciones que conforman el Sector Público. A esto hay que sumar a quienes están empleados en ese inmenso sector privado y difuso dedicado a dar servicios públicos bajo fórmulas de subcontratación.

El sector público es el cuerpo del estado y el instrumento con el que se desarrollan sus programas políticos.

Entre las distintas decisiones que el Estado capitalista ha tomado para contener las oleadas revolucionarias del siglo XX se encuentran las medidas de redistribución de la riqueza, -que la propia clase trabajadora generaba- y que se canalizaron a través de las estructuras administrativas, ofertando una serie de servicios destinados cubrir necesidades de la clase trabajadora.

Así son las cosas. El Estado extrae unos recursos del trabajo y los reparte entre dar servicios a la clase trabajadora y apuntalar los privilegios existentes, pues cada euro que no va a salarios va a beneficios privados. En el caso de los impuestos la cadena es más larga, pero el resultado es el mismo al prevalecer siempre los intereses de las élites capitalistas.

CNT defiende los intereses de la clase trabajadora hasta las últimas consecuencias, aunque sea preciso empezar por defender nuestros intereses y necesidades más inmediatas.

Como decimos, el sector público tiene un contenido que sirve para redistribuir la riqueza en la sociedad que defendemos. Sean los servicios sociales, la educación, la sanidad, la gestión ambiental, la seguridad¹, la investigación, la dependencia… hasta las infraestructuras de transporte y comunicación… De la misma forma, también somos conscientes de que en la actualidad el sector público cobija estructuras destinadas al sostenimiento de los privilegios de la sociedad de clases: policía, ejército, prisiones o altos funcionarios que forman parte de las élites políticas. Quienes asumen esas funciones no tienen cabida en CNT, por coherencia.